El Estado chileno y el pueblo Mapuche: ¿una participación real de los pueblos en la construcción de políticas culturales?

El Estado chileno y el pueblo Mapuche: ¿una participación real de los pueblos en la construcción de políticas culturales?

Por: Javiera Zapata. Socióloga, Universidad Diego Portales.

En el debate actual el Estado chileno discute y plantea diversas iniciativas que buscan dar una posible respuesta a las demandas históricas de los pueblos indígenas relacionadas con el reconocimiento y representatividad de las comunidades tanto en el parlamento como en las diversas esferas sociales, económicas, políticas y culturales (Curipán, 2017).

A partir de esto es que distintas institucionalidades, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (organismo encargado de implementar las políticas para el desarrollo cultural del país), han buscado otorgar nuevas vías y canales de participación para los pueblos indígenas, demostrado un tipo de avance en torno al reconocimiento de la diversidad cultural en el país. Sin embargo, es importante reflexionar en torno a las formas de participación que se les otorga a los pueblos al momento de diseñar e implementar las políticas vinculadas al ámbito cultural. Esto, ya que si bien es cierto que se generan espacios para fomentar la participación, estos no serían efectivos en su totalidad, debido a que no existiría un diálogo totalmente vinculante entre el Estado chileno y los pueblos indígenas debido a que existe un marco central que regula la acción y presupuesto en las regiones.

Respecto a lo anterior, uno de los principales resultados que arrojó la tesis Política cultural e identidad indígena: un análisis desde la interculturalidad crítica para el caso de la Araucanía (Zapata & Fernández, 2017) da cuenta del grado de participación del pueblo mapuche en la construcción de las políticas culturales en la región de la Araucanía (región con el mayor porcentaje de población mapuche sólo después de Santiago según CASEN 2015). A partir de esto es que surge la pregunta: ¿Cuál es el nivel de incidencia del pueblo mapuche en la construcción de las políticas culturales en la región de la Araucanía?

Los documentos y relatos analizados en el estudio dan cuenta que si bien la participación se muestra como un elemento presente en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) al momento de construir las políticas culturales, estas instancias estarían delimitadas desde el propio Estado que determinaría qué aspectos de la opinión de los pueblos pueden ser tomados en cuenta y cuáles son los canales en los que participarían los mapuche en la región. A su vez, existiría un pequeño grado de pertinencia cultural al momento de adoptar las políticas que son dirigidas a los mapuche, ya que estos participarían activamente en la construcción y planificación del Programa Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los pueblos indígenas. Sin embargo, el grado de participación y autonomía que se le otorga a la población estaría limitado a un sólo programa y no a toda la política cultural a nivel regional. Además, la nula autonomía presupuestaria que se les otorga (debido a que los recursos son dados desde el nivel central) deja entre ver el carácter centralizado de las políticas culturales a nivel regional y nacional.

A partir de este análisis, podemos decir que el pueblo mapuche tiene agencia dentro de un marco preestablecido por el estado chileno, en donde la participación del indígena es delimitada a ciertos ámbitos de la política cultural (sólo a un programa que es co- construido en la región de la Araucanía) y no al marco general de las políticas culturales. A su vez, para el caso del CNCA no existe en su totalidad un diálogo vinculante con la comunidad indígena, ya que el pueblo mapuche no tiene una incidencia real en la toma de decisiones al momento de construir las políticas culturales para la región, por lo que la por lo que la participación serviría como una herramienta de inclusión funcional de las demandas indígenas al aparato estatal.

De acuerdo a esto es difícil pensar un contexto intercultural propiamente tal, ya que para que exista una interculturalidad efectiva, deben existir instancias que promuevan el diálogo sin que exista una cultura hegemónica que determine la naturaleza de este (Tubino, 2015). Así mismo, el grado de participación de los pueblos no debe estar determinado desde el nivel central y acotado a sólo uno de los espacios posibles, sino que la política cultural debiese contar con la participación activa y transversal del pueblo beneficiario. Estos resultados nos muestran que existen limitantes que se relacionan con la política estatal en la cual están inmersas estas políticas culturales y permite reafirmar que el estado chileno aborda lo indígena desde el paradigma de la multirculturalidad, es decir, que reconoce la diversidad cultural sin tocar las estructuras asimétricas de poder en que viven estos grupos (Boccara & Bolados, 2010).

Considerando que nos encontramos en un país donde conviven diversas naciones, es que se hace necesario y urgente que el Estado garantice y facilite la participación de los pueblos indígenas de manera igualitaria y representativa en el diseño y construcción de las políticas públicas que les afectan directamente. Esto toma aún más relevancia si consideramos la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que estará encargado de colaborar en el diseño e implementación de políticas y programas para contribuir al desarrollo cultural que reconoce y valora las culturas indígenas (CNCA, 2017). En este caso, el principal desafío se encontraría en generar nuevas instancias de participación y representación para los pueblos en la construcción de las políticas públicas, donde lo fundamental sea otorgarles espacios de participación efectivos al momento de tomar decisiones culturales, políticas y sociales, que se traduzcan en un cambio de estatus del pueblo mapuche. En otras palabras, para que el Estado chileno se mueva en un contexto intercultural, es necesario que lo indígena sea tratado de manera transversal, que permita transformar el paradigma invisibilizador y excluyente con el que el Estado ha tratado con los pueblos indígenas por más de doscientos años.

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