¿Por qué aumenta la sensación de injusticia en Chile?

“¿Por qué aumenta la sensación de injusticia en Chile?” Investigador del Observatorio de Desigualdades reflexiona

El investigador del Observatorio de Desigualdades UDP, Raimundo Frei, reflexiona sobre la sensación de injusticia en Chile. La reflexión ha sido publicada en intersecciones.cl, web en donde se publican foros inéditos, incorporando autores con distintas aproximaciones políticas, filosóficas y disciplinarias sobre un tema de interés general. El foro en el que aparece el sociólogo Raimundo está dedicado al tema de la desigualdad en Chile y lleva por título: “¿Por qué aumenta la sensación de injusticia?”. El foro incorpora además, comentarios de un prestigioso grupo de investigadores como Nicolás Grau, Rocío Lorca, Pablo Ortúzar, Claudio Sapelli, Carolina Segovia y Agustín Squella. Finalmente, Raimundo Frei contesta a todos los comentaristas en un ensayo final.

Acá un abstracto del texto para motivar su lectura:

Mi intención en este breve texto es mostrar que estas percepciones sobre la (alta) desigualdad no están necesariamente desconectadas de la realidad chilena; más bien al contrario, estas responden a las consecuencias que produce una alta concentración de ingresos en áreas de la experiencia social que son altamente sensibles para la población chilena –como son la educación, la salud, y el trato social– así como también a criterios normativos que sirven para evaluar si las diferencias de recursos, materiales y simbólicos, son justas o injustas. Como trasfondo de este ejercicio –que no es ni más ni menos que una síntesis propia de los resultados que ofrece la publicación del PNUD– mi objetivo es mostrar la centralidad del problema de la desigualdad socio-económica, la cual no se reduce a la diferencia de ingresos o salarios, sino más bien al modo en que la sociedad se ordena, produciendo la acumulación de ventajas para unos y desventajas para otros en esferas claves de la vida social” (sic).

Leer completo aquí.

El Estado chileno y el pueblo Mapuche: ¿una participación real de los pueblos en la construcción de políticas culturales?

El Estado chileno y el pueblo Mapuche: ¿una participación real de los pueblos en la construcción de políticas culturales?

Por: Javiera Zapata. Socióloga, Universidad Diego Portales.

En el debate actual el Estado chileno discute y plantea diversas iniciativas que buscan dar una posible respuesta a las demandas históricas de los pueblos indígenas relacionadas con el reconocimiento y representatividad de las comunidades tanto en el parlamento como en las diversas esferas sociales, económicas, políticas y culturales (Curipán, 2017).

A partir de esto es que distintas institucionalidades, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (organismo encargado de implementar las políticas para el desarrollo cultural del país), han buscado otorgar nuevas vías y canales de participación para los pueblos indígenas, demostrado un tipo de avance en torno al reconocimiento de la diversidad cultural en el país. Sin embargo, es importante reflexionar en torno a las formas de participación que se les otorga a los pueblos al momento de diseñar e implementar las políticas vinculadas al ámbito cultural. Esto, ya que si bien es cierto que se generan espacios para fomentar la participación, estos no serían efectivos en su totalidad, debido a que no existiría un diálogo totalmente vinculante entre el Estado chileno y los pueblos indígenas debido a que existe un marco central que regula la acción y presupuesto en las regiones.

Respecto a lo anterior, uno de los principales resultados que arrojó la tesis Política cultural e identidad indígena: un análisis desde la interculturalidad crítica para el caso de la Araucanía (Zapata & Fernández, 2017) da cuenta del grado de participación del pueblo mapuche en la construcción de las políticas culturales en la región de la Araucanía (región con el mayor porcentaje de población mapuche sólo después de Santiago según CASEN 2015). A partir de esto es que surge la pregunta: ¿Cuál es el nivel de incidencia del pueblo mapuche en la construcción de las políticas culturales en la región de la Araucanía?

Los documentos y relatos analizados en el estudio dan cuenta que si bien la participación se muestra como un elemento presente en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) al momento de construir las políticas culturales, estas instancias estarían delimitadas desde el propio Estado que determinaría qué aspectos de la opinión de los pueblos pueden ser tomados en cuenta y cuáles son los canales en los que participarían los mapuche en la región. A su vez, existiría un pequeño grado de pertinencia cultural al momento de adoptar las políticas que son dirigidas a los mapuche, ya que estos participarían activamente en la construcción y planificación del Programa Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los pueblos indígenas. Sin embargo, el grado de participación y autonomía que se le otorga a la población estaría limitado a un sólo programa y no a toda la política cultural a nivel regional. Además, la nula autonomía presupuestaria que se les otorga (debido a que los recursos son dados desde el nivel central) deja entre ver el carácter centralizado de las políticas culturales a nivel regional y nacional.

A partir de este análisis, podemos decir que el pueblo mapuche tiene agencia dentro de un marco preestablecido por el estado chileno, en donde la participación del indígena es delimitada a ciertos ámbitos de la política cultural (sólo a un programa que es co- construido en la región de la Araucanía) y no al marco general de las políticas culturales. A su vez, para el caso del CNCA no existe en su totalidad un diálogo vinculante con la comunidad indígena, ya que el pueblo mapuche no tiene una incidencia real en la toma de decisiones al momento de construir las políticas culturales para la región, por lo que la por lo que la participación serviría como una herramienta de inclusión funcional de las demandas indígenas al aparato estatal.

De acuerdo a esto es difícil pensar un contexto intercultural propiamente tal, ya que para que exista una interculturalidad efectiva, deben existir instancias que promuevan el diálogo sin que exista una cultura hegemónica que determine la naturaleza de este (Tubino, 2015). Así mismo, el grado de participación de los pueblos no debe estar determinado desde el nivel central y acotado a sólo uno de los espacios posibles, sino que la política cultural debiese contar con la participación activa y transversal del pueblo beneficiario. Estos resultados nos muestran que existen limitantes que se relacionan con la política estatal en la cual están inmersas estas políticas culturales y permite reafirmar que el estado chileno aborda lo indígena desde el paradigma de la multirculturalidad, es decir, que reconoce la diversidad cultural sin tocar las estructuras asimétricas de poder en que viven estos grupos (Boccara & Bolados, 2010).

Considerando que nos encontramos en un país donde conviven diversas naciones, es que se hace necesario y urgente que el Estado garantice y facilite la participación de los pueblos indígenas de manera igualitaria y representativa en el diseño y construcción de las políticas públicas que les afectan directamente. Esto toma aún más relevancia si consideramos la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que estará encargado de colaborar en el diseño e implementación de políticas y programas para contribuir al desarrollo cultural que reconoce y valora las culturas indígenas (CNCA, 2017). En este caso, el principal desafío se encontraría en generar nuevas instancias de participación y representación para los pueblos en la construcción de las políticas públicas, donde lo fundamental sea otorgarles espacios de participación efectivos al momento de tomar decisiones culturales, políticas y sociales, que se traduzcan en un cambio de estatus del pueblo mapuche. En otras palabras, para que el Estado chileno se mueva en un contexto intercultural, es necesario que lo indígena sea tratado de manera transversal, que permita transformar el paradigma invisibilizador y excluyente con el que el Estado ha tratado con los pueblos indígenas por más de doscientos años.

Hacia un trato justo: percepciones de justicia en el trabajo en Chile

Hacia un trato justo: percepciones de justicia en el trabajo en Chile

Por: Monica Gerber, Cristóbal Moya y Alejandro Castillo.

Los cambios en el mundo del trabajo en contextos de globalización y liberalización de los mercados han abierto la pregunta sobre la calidad de los empleos en Chile. La discusión se ha enfocado en las condiciones del empleo (salarios, horarios, protección social, entre otros) y si este puede ser considerado “trabajo decente” (OIT, 1999). En Chile, la baja calidad de los empleos se puede apreciar en bajos niveles salariales (Durán & Kremerman, 2015), bajos niveles de inversión empresarial en capital humano (capacitaciones o entrenamientos) (Ramos, 2014), así como en relaciones laborales sin protección social o contrato (Ocampo & Sehnbruch, 2015). Además, las investigaciones en Chile han destacado que el empleo ocurre en un contexto de culturas corporativas autoritarias y discriminatorias (Ramos, 2014). Sin embargo, se ha desatendido una dimensión fundamental de la calidad del trabajo: el nivel de justicia que perciben trabajadores y trabajadoras en la interacción cotidiana con sus jefaturas. Para que exista una percepción de justicia en las interacciones, trabajadores y trabajadoras deben sentirse tratados con respeto y dignidad, así como deben observar que las jefaturas tratan a todos por igual, sin miras a su sexo, etnia, clase social u otro factor.

Para hacer una aproximación a las percepciones que chilenos y chilenas tienen de la justicia en su entorno laboral, realizamos un análisis con datos secundarios en el marco del Fondecyt Regular Nº1171072. Utilizamos datos de la primera ronda de la encuesta longitudinal del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión social (COES-ELSOC, 2016) y de la encuesta aplicada en Chile del Programa Internacional de Encuesta Social (ISSP, 2015). A partir de estos dos estudios se observa que: a) las personas de clases sociales más bajas tienden a percibir mayores injusticias en sus relaciones laborales y; b) estas sensaciones de injusticia se relacionan con menores niveles de satisfacción y orgullo en el trabajo, así como con una menor disposición a trabajar por el bienestar de la empresa.

Según la encuesta ISSP 2015, el 71% de los trabajadores en Chile percibe que en su lugar de trabajo las relaciones entre la gerencia y los empleados son buenas o muy buenas. Sin embargo, el 21% reporta haber sido discriminado con relación al trabajo y el 11% indica haber sido acosado por superiores o colegas en el trabajo.

La justicia en las interacciones no solo supone cierta calidad del trato, sino también considera su distribución: existe justicia en el trato cuando este es igual para todos. Para evaluar esta dimensión, en la encuesta ELSOC-COES preguntamos si las personas de la clase social del encuestado eran tratadas con respeto en el trabajo. Los resultados muestran importantes diferencias según la clase social del encuestado: mientras el 73% de los trabajadores y trabajadoras de clase alta perciben que las personas de su clase son tratadas con respeto en el trabajo, solamente el 34% de las personas de clase baja percibe lo mismo (ver Figura 1). Estos resultados son consistentes con la investigación de Araujo (2013; 2016) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2017) quienes han mostrado que es en el trabajo donde chilenos y chilenas -particularmente de estratos bajos- han experimentado menoscabo o discriminación.

 

Figura 1. Percepción de trato con respeto en el trabajo según clase social

 

Ahora bien, ¿por qué es importante la justicia en el trato para tener empleos de calidad? Estudios internacionales han mostrado que las percepciones de justicia en el trato tienen especial relevancia para generar un mayor grado de compromiso con la organización y una mayor participación de los trabajadores (Khan et al., 2017; Tyler & Blader, 2003; Barling & Phillips, 1993), así como contribuye al clima laboral y aumenta el rendimiento de los empleados en el trabajo (Khan et al., 2017; Cohen-Charas & Spector, 2001; Moorman, 1991). Estas observaciones son consistentes con los resultados de la encuesta ISSP (2015): en Chile son aquellos trabajadores que perciben buenas relaciones entre la gerencia y los empleados los que están más satisfechos con su trabajo, más orgullosos de trabajar donde trabajan y más dispuestos a trabajar más duro de lo normal para ayudar a que la empresa u organización tenga éxito. Estos resultados sugieren que una organización donde se percibe baja justicia en el trato tiene consecuencias negativas para sus trabajadores, derivando en una menor motivación por desarrollar las tareas y a comprometerse con los objetivos de la organización. De tal forma, el trabajo en un contexto de alta justicia organizacional es más productivo, tanto para los trabajadores como para la organización.

 

Figura 2. Satisfacción con la vida y con el trabajo según percepciones de trato en el trabajo

 

Argumentamos, entonces, que la justicia en el trato en contextos laborales constituye una dimensión fundamental para entender la calidad del trabajo en Chile. Destacamos tres razones para justificar esta afirmación. Primero, porque un bajo nivel de justicia en el trato socava el reconocimiento que todo trabajador o trabajadora merece como parte de una empresa u organización, sin importar su jerarquía o trasfondo social. Segundo, un alto nivel de justicia en el trato contribuye positivamente tanto a los trabajadores como a la organización, incrementando el compromiso con la empresa y la satisfacción laboral. Por último, el contexto actual de culturas corporativas autoritarias y discriminatorias atenta contra la justicia en el trato, por lo que urge avanzar hacia la consideración de esta dimensión a la hora de evaluar la calidad de los empleos e implementar prácticas que transformen las culturas de las organizaciones dándole un rol importante a la justicia en el trato.

Conversatorio: "Por el derecho al agua: conflictos y desigualdades socioambientales en Chile

Conversatorio “Por el Derecho al Agua: Conflictos y Desigualdades Socioambientales en Chile”

Frente a un escenario de desigualdad socio-ambiental en la disponibilidad, calidad y accesibilidad del recurso hídrico en Chile, hoy en día, los conflictos por el agua se han tornado cada vez más frecuentes. El acceso al agua, necesario no solo para nuestra subsistencia, sino como dimensión inherente a la dignidad del ser humano, se constituye, desde este punto de vista, en un derecho humano fundamental.

El presente conversatorio, busca explorar aquellos contextos de desigualdad donde los conflictos socio ambientales en torno al agua en Chile toman lugar, poniendo como ejemplo particular el caso de la provincia de Petorca (V Región). A su vez, se pretende poner en discusión la situación del conflicto desde el punto de vista del Derecho y Justicia Ambiental, evidenciando el desacierto del Estado chileno en su obligación de asegurar, en base a los estándares internacionales, el derecho humano al agua.

Con este propósito se proyectará el micro documental “Secos”, pieza audiovisual de 15 minutos de duración que reúne a un elenco de destacados actores y actrices chilenos para denunciar la usurpación de agua en comunidades y territorios. Posterior a la proyección del documental, Rodrigo Mundaca, vocero nacional de la organización MODATIMA expondrá acerca de los efectos de la privatización del agua en la provincia de Petorca. Finalmente Diego Lillo y Francisco Molina, comentarán el caso expuesto por Mundaca desde el punto de vista del Derecho Ambiental y la Ecología Política. A partir de esta última instancia se insta a los asistentes al conversatorio a enriquecer con preguntas y comentarios a los panelistas a modo de cierre.

Fecha: Jueves 9 de Noviembre 2017
Hora: 18 – 20 pm
Lugar: Sala B31 Biblioteca Nicanor Parra, UDP
Organiza: Observatorio de Desigualdades (ICSO). Programa de Investigación sobre Conflictos Socio-ambientales y Territoriales.

Expone:

  • RODRIGO MUNDACA: Ingeniero agrónomo, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA)

Comentan:

  • DIEGO LILLO: Académico UDP, Abogado Universidad de Chile y Coordinador de Litigios ONG FIMA
  • FRANCISCO MOLINA: Académico e investigador Observatorio de Desigualdades UDP, Doctor en Geografía Humana, Kings College London

Modera:

  • ANTONIA ZAMBRA: Asistente de investigación Observatorio de Desigualdades UDP

Programa
18:00 Introducción al Conversatorio (Antonia Zambra)
18:10 Proyección Documental “SECOS” (15 minutos)
18:30 – 19: 00 Presentación “Recuperar el agua para las comunidades y los territorios” (Rodrigo Mundaca, MODATIMA)
19:00 – 19:10 Presentación y comentarios Diego Lillo (UDP, ONG FIMA)
19:10 – 19:20 Presentación y comentarios Francisco Molina (UDP, Observatorio de Desigualdades)
19:20 – 20:00 Ronda de preguntas asistentes y comentarios panelistas invitados

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Blog Observatorio Desigualdades. Los resultados de las huelgas laborales en Chile. Una pregunta ausente en los estudios actuales

Por: Nicolás Ratto

En los últimos años, las huelgas laborales han aumentado de manera importante en Chile (OHL, 2017). Distintas instituciones han estudiado la emergencia de estos conflictos: la Dirección del Trabajo ha estudiado las huelgas regladas en el sector privado, mientras que el Observatorio de Huelgas Laborales ha extendido este análisis al estudio de conflictos en el sector público y a huelgas que no se expresan por vías regladas. Sin embargo, queda por responder distintas preguntas respecto de la (in)eficacia de estas acciones para los trabajadores que las ejecutan. En esta entrada de blog se busca (1) abrir una discusión sobre la importancia de conocer esta variable en los estudios agregados sobre huelgas laborales, (2) establecer algunas complejidades metodológicas que deben ser superadas para medir la eficacia de la huelga y (3) comentar un primer estudio que se refiere a los criterios para definir a una huelga como eficaz.

Varios estudios académicos de los últimos años (Garretón, 2016; Garretón, Joignant, Somma, & Campos, 2017) señalan que el conflicto social y los eventos de protesta son cada vez más comunes en la realidad chilena, especialmente en la última década (2006-2016). Las huelgas, al igual que el resto de los conflictos, también han aumentado en los últimos años según el ya citado estudio del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Lo particularmente relevante de este estudio -respecto a otros oficiales como los elaborados por la Dirección del Trabajo– es que registra las huelgas en tanto interrupción colectiva del trabajo por parte de un conjunto de trabajadores, sin considerar si estos son del sector público o privado, o bien, si la huelga se rige bajo los estatutos del Código del Trabajo o no. Al ampliar la mirada hacia la huelga laboral en general, el OHL puede dar un conteo mucho más realista del nivel de conflictividad en el trabajo que el nivel registrado por la Dirección del Trabajo. Además, le permite descubrir tendencias tan interesantes como que en Chile es cada vez más común que los trabajadores ocupen la huelga no reglada.

La explicación dada al auge de las huelgas no regladas desde el año 2011 es compartida por el OHL, académicos, asesores y dirigentes sindicales (Aguilar, 2017; Caamaño Rojo, 2016). Se dice que el Código del Trabajo que nos rige (o al menos el que rigió hasta los inicios de este año 2017) es muy restrictivo y poco favorable para los trabajadores, por lo que estos prefieren actuar por fuera de él.

Más allá del registro de la emergencia de huelgas laborales, ni la Dirección del Trabajo ni el Observatorio de Huelgas Laborales han registrado sistemáticamente lo que sucede al finalizar las huelgas laborales. No existen registros públicos de los resultados a los que llegan las distintas huelgas laborales que ocurren en el país. Al no existir este registro no podemos responder de forma seria y responsable preguntas tan fundamentales como las siguientes: ¿Qué tan útiles o eficaces son para los trabajadores las huelgas laborales?, ¿Qué factores hacen que una huelga sea más o menos favorable para un conjunto de trabajadores?, ¿El uso de la huelga no reglada efectivamente le permite a los trabajadores llegar a buenos resultados?

Para darle respuesta a estas preguntas se vuelve necesario tomar una serie de decisiones político-metodológicas y recopilar información que muchas veces no aparece en prensa, contactando a dirigentes sindicales y/o a las empresas en donde ocurrieron las huelgas. Algunas decisiones metodológicas a tomar son las siguientes: (1) ¿consideraremos la eficacia según el investigador, según los trabajadores en huelga, según los dirigentes que conducen la huelga o según los empleadores?, (2) ¿consideraremos la eficacia en términos meramente económicos (por ejemplo, reajustes y bonos) o también en términos organizacionales (crecimiento sindical), experienciales (aprendizaje para posteriores movilizaciones) y morales (mayor unidad de los socios)?, (3) Si es puramente económica, ¿evaluamos la eficacia respecto a un parámetro común (3% de reajuste), respecto al promedio en un periodo de tiempo, según la percepción de un dirigente sindical o según la percepción de las bases?, (4) Y por último, ¿medimos la eficacia al corto plazo, apenas acaba la huelga?, o ¿al mediano plazo, cuando se pueden evidenciar despidos u otros perjuicios para los trabajadores?

En mi tesis para titularme como sociólogo por la Universidad de Chile presento un primer aporte para tratar de abordar el problema de la eficacia de las huelgas laborales (ver resumen). Se tomaron una serie de decisiones respecto a cómo medir la eficacia de una huelga, y se analizaron los factores que hacen que una huelga sea más o menos eficaz para los trabajadores. De manera exploratoria, se estudiaron diez huelgas laborales ocurridas en Chile entre los años 2006 y 2016, en diferentes sectores de la economía. Para describir estas huelgas se entrevistó a los dirigentes que las condujeron, y se consideró como eficaz a una huelga en base a los que sus dirigentes comentaron en la entrevista, particularmente sobre aspectos económicos y organizacionales. Se trabajó con indicadores relativos: se compararon los reajustes salariales y los bonos ganados en la huelga analizada respecto a reajustes conseguidos por los trabajadores en otras ocasiones sin usar la huelga, o con reajustes ofrecidos por el empleador antes de comenzar la huelga. Según los dirigentes entrevistados, es la presión económica y social ejercida por los trabajadores sobre el empleador -muchas veces por vías no regladas- uno de los factores que más explica la eficacia de las huelgas. Específicamente, los éxitos de una huelga se deben al tipo de proceso de trabajo que los trabajadores en huelga interrumpen con su acción.

Estos sugerentes resultados nos invitan a extender el estudio de la eficacia de las huelgas a una muestra más amplia de huelgas, así como considerar distintas fuentes de información (por ejemplo, empleadores). A su vez, sugieren que es fundamental que la eficacia de las huelgas sea incorporada como indicador en el catastro que la Dirección del Trabajo hace de las huelgas que ocurren en el país. Si la aparente asociación entre disrupción económica y social de la huelga con la eficacia de la misma se confirma en términos agregados y generales para el caso chileno, será difícil sostener argumentos que llamen a la moderación de las acciones colectivas de los trabajadores, pues es precisamente en su conflictividad, en su potencia disruptiva, en donde está la clave del éxito sindical. A su vez, resulta imprescindible que la Dirección del Trabajo considere la creciente conflictividad laboral que emerge por fuera de los canales formales en Chile. Solo así podremos evitar las recientes y apresuradas afirmaciones de la Ministra del Trabajo en donde señala como algo positivo el que las huelgas laborales registradas por la Dirección del Trabajo hayan disminuido desde que entró en vigencia la nueva normativa laboral (abril 2017).

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Blog Observatorio Desigualdades. Migración, ciudad y desigualdad en el Gran Santiago

Por: Cristian Doña y Cristobal Moya

Nadie duda que el Gran Santiago es una metrópolis altamente segregada socioeconómica y espacialmente; es fácil para cualquier habitante de la ciudad reconocer dónde están los barrios con los hogares de mayor ingreso. La Región Metropolitana en general y particularmente el gran Santiago son también las principales áreas receptoras de inmigrantes de Chile. Las estadísticas oficiales hacia 2016 indican que el 63,6% de todos los extranjeros que cuentan con permisos de residencia definitiva se encuentran en la Región Metropolitana. Seis de las diez principales comunas de residencia pertenecen al Gran Santiago (Santiago Centro, Las Condes, Independencia, Recoleta, Providencia y Estación Central). Las visas temporales, ya sea de trabajo, estudios u otros motivos, siguen distribuciones geográficas similares a las anteriores. ¿En qué zonas del Gran Santiago habitan los inmigrantes? ¿Siguen el patrón de segregación territorial general del Gran Santiago?

Usando datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del año 2015, comparamos a la población migrante con la población “nativa” de siete zonas del Gran Santiago. Zonas definidas por el hecho que gran parte de la población que vive en ellas trabaja en ellas, como se puede ver en Fuentes, Mac-Clure, Moya y Olivos (2017). Para este análisis, separamos a Santiago Centro de la zona oriente debido a la alta concentración de inmigrantes en esta comuna.

Estudios previos sobre la distribución territorial de los migrantes, como el de Schiappacasse (2008), concluyeron que no había una alta segregación en el área metropolitana de Santiago, aunque se observaba una inserción segmentada al mercado laboral. Como se observa en la Tabla 1, la zona con una mayor proporción de migrantes es Santiago Centro, donde un 18% de los habitantes son migrantes, seguida por la zona oriente con un 6%. En todas las zonas se observa que el grupo más grande de migrantes corresponde a personas que vienen de Perú. También son prevalentes los grupos de inmigrantes de Argentina y Colombia. La presencia de los mismos países de origen en todas las zonas comprobaría la inexistencia de segregación; desconociendo, sin embargo, que entre los mismos migrantes de cada país también hay diferencias. Un resultado nuevo e interesante es que nuevos grupos migrantes, como haitianos y dominicanos ya se encuentren en las cuatro primeras mayorías en la zona Norte y en Santiago Centro.

 

Figura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer más sobre la segregación territorial de los migrantes en el Gran Santiago, analizamos la distribución de los ingresos de la población ocupada (quienes han trabajado remuneradamente la semana anterior a ser encuestados) según las distintas zonas. Nos concentramos en las medianas de ingreso totales mensuales para grupos migrantes y no migrantes en cada zona, considerando la división entre hombres y mujeres.

En la Figura 1 se observa que las medianas tienden a ser similares entre migrantes y no migrantes en cada zona. Las excepciones se encuentran en las dos zonas con mayor proporción de migrantes: Santiago Centro y zona Oriente. En esta última, los migrantes hombres tienen una mediana de ingresos considerablemente superior a las de sus pares no migrantes (mientras que las mujeres tienen medianas de ingresos similares). En general, dentro de la zona Oriente se encuentran los hogares de mayores recursos, lo que se puede ilustrar en este caso con las medianas de ingreso mayores en la zona al compararla con el resto. La zona Oriente, entonces, tiende a acoger a los inmigrantes con mayores ingresos, especialmente a los hombres. Además, en términos relativos, es la única zona donde la mediana de ingresos es significativamente mayor a la de sus pares no migrantes. En Santiago Centro la tendencia se invierte, siendo las medianas de los no migrantes superiores a las de sus pares migrantes, tanto para hombres y mujeres. En términos relativos al grupo no migrante, en esta zona vive un grupo de migrantes con ingresos que tienden a ser menores. Se observa, por tanto, que en términos socioeconómicos los inmigrantes tienden a seguir el patrón de segregación territorial de la ciudad.

 

Figura 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Al observar las medianas de hombres y mujeres (el panel superior e inferior de la Figura 1 respectivamente), se constata una diferencia considerable al interior de cada zona. Las medianas para mujeres son inferiores en todas las zonas, tanto para migrantes como no migrantes. Similar a lo que ocurre con la población general, donde existen brechas en los ingresos según el sexo, este resultado sugiere que las brechas de ingreso entre hombres y mujeres también se encuentran en la población migrante. Un tema que sería interesante de profundizar en el futuro es la diferencia por sexo en la zona oriente. La marcada diferencia podría deberse a la presencia de trabajo doméstico puertas a dentro. El censo abreviado de 2017 nos permitirá evaluar esta diferencia.

La distribución territorial de los migrantes en las siete zonas del Gran Santiago muestra convergencias con la de la población no migrante, ya que tienden a atraer poblaciones similares en términos de los niveles de ingreso. También se observa una convergencia en las brechas de género de los migrantes y no migrantes que favorecen a los hombres. De esta manera, cabe considerar el rol del territorio en la reproducción de desigualdades tanto para migrantes como no migrantes. ¿A qué se debe esta asociación entre algunos sectores de la capital y su capacidad de atraer migrantes similares a la de origen?

Una posible explicación se encuentra en la teoría de la asimilación segmentada. De acuerdo a esta teoría hay tres vías posibles para la incorporación de los migrantes a las sociedades receptoras. Esta segmentación se da por la existencia de prejuicios raciales o étnicos, la ubicación espacial de los migrantes en las ciudades—la que les da acceso diferenciado a bienes sociales—y la ausencia de posibilidades de movilidad social. La primera sería la asimilación a la clase dominante, en este caso migrantes de alto ingreso y/o de países “desarrollados” se integran a la clase media-alta chilena. La segunda sería la asimilación “hacia abajo”, en que los migrantes de países vecinos y migrantes haitianos o afrodescendientes en general se incorporan a las clases bajas chilenas. La tercera forma es una asimilación selectiva, por medio de la cual ciertos grupos de inmigrantes se mantienen dentro de su comunidad étnica, preservando los valores y solidaridad de ésta con el objetivo de lograr una movilidad social ascendente. Si bien no es posible de observar con estos datos, sería el caso de la migración siria, libanesa y palestina de los años cincuenta, coreana de los años ochenta y más recientemente de la migración china. La nueva inmigración afrodescendiente, la asimilación segmentada, la segregación territorial de los migrantes y repetición de los patrones de la estratificación chilena entre migrantes plantea desafíos para el futuro del Gran Santiago. El desafío es cómo promovemos una integración o asimilación de los migrantes que no sea segmentada, en la cual las diferencias raciales, nacionales o étnicas no tengan relevancia.

MG en congreso

Directora del Observatorio comenta resultados de estudio sobre la dimensión subjetiva de la delincuencia

La directora del Observatorio de Desigualdades y académica del departamento de sociología de la UDP, Mónica Gerber, participó como panelista experta en la presentación de resultados de un estudio sobre la dimensión subjetiva de la delincuencia del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal, de la Universidad Central de Chile. Esta presentación tuvo lugar el día jueves 14 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Santiago de Chile.

El estudio, financiado por el Fondo Nacional de Seguridad Pública 2016, pone en cuestionamiento una de las principales paradojas que evidencia la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que se aplica anualmente en nuestro país, esa según la cual las personas con menores probabilidades de victimización son las que reportan mayores niveles de temor. Esta paradoja se explica por razones tanto metodológicas como teóricas: la forma en que se ha medido la inseguridad o el temor al delito adolece de claridad y precisión conceptual y metodológica. El temor y la inseguridad son solo algunos de los elementos que constituyen la dimensión subjetiva de la victimización. Existen factores no considerados por esta encuesta como la rabia frente al delito.

El evento contó con las exposiciones de Paula Medina y Daniel Quinteros, miembros del grupo de investigadores. Junto a ellos hubo un panel de expertos conformado por la investigadora Lucía Dammert y por el jefe de la Unidad de Estudios de la SPD, Luis Vial, además de la ya mencionada Mónica Gerber. El cierre de la jornada estuvo a cargo de María Angélica Jiménez, Directora del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal.

La directora del Observatorio de Desigualdades comentó acerca de la importancia de considerar la metodología que utilizan los estudios para evitar concluir que existen altos niveles de inseguridad cuando en realidad no los hay. A su vez, planteó la importancia de que los cientistas sociales se hagan responsables del efecto que pueden generar con sus investigaciones. La académica valoró el esfuerzo de generar recomendaciones para medir de mejor manera las respuestas subjetivas ante la delincuencia, así como la necesidad de avanzar en la construcción y validación de una escala multidimensional para medir el fenómeno en nuestro país.

Más informaciones en la página web de la Universidad Central.

 

 

 

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Observatorio de Desigualdades integra nuevos asistentes de investigación

Noticia original de ICSO.

El Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales, dirigido por la académica de la Escuela de Sociología, Mónica Gerber, integró a su equipo de trabajo a tres asistentes de investigación, quienes apoyarán tanto en la gestión de vinculación con el medio, como en el trabajo investigativo de cada línea del observatorio.

Antonia ZambraAntonia Zambra

Principales líneas de investigación: Geografía Social y Cultural, Antropología del Territorio, Ecología Política, Conocimiento Local, Justicia Ambiental.

Tareas: Apoyo a la investigación, difusión y extensión de los programas del Observatorio de Desigualdades “Conflicto Socio-ambiental y acción colectiva”, y “Violencia y desigualdades”.

 

Juan FernándezJuan Fernández

Principales líneas de investigación: temas de interculturalidad y pueblos originarios.

Tareas: Apoyo a la investigación, difusión y extensión de los programas del Observatorio de Desigualdades “Cultura e interculturalidad” y “Migración internacional y transformaciones sociales”.

 

Nicolás RattoNicolás Ratto

Principales líneas de investigación: estudios laborales, particularmente los relacionados a conflicto colectivo, precarización y subcontratación.

Tareas: Apoyo a la investigación, difusión y extensión del programa del Observatorio “Justicia, legitimidad de la desigualdad y clases sociales”. Apoyo a la gestión centralizada del Observatorio de Desigualdades.

 

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Blog Observatorio Desigualdades. Desigualdades sociales y experiencias de sufrimiento ambiental: el rol de los actores intermediarios

Por: Evelyn Arriagada

El caso de Til-Til ha puesto nuevamente en el tapete la manera en que se distribuyen las cargas ambientales en nuestro país. Los pobladores se han movilizado contra la instalación de un relleno sanitario de desechos industriales, el cual se proyecta como un nuevo foco de contaminación en la comuna.  Si bien Til Til es un caso emblemático –tal como Arica, Freirina o Chiloé –, la gran mayoría de los conflictos ambientales en Chile suelen pasar desapercibidos, pues no suscitan grandes protestas y carecen de cobertura permanente en los medios de comunicación. Asimismo, poco se tematiza el rol que tienen los intermediarios estatales y privados sobre las experiencias de quienes deben convivir cotidianamente con estas cargas ambientales.

Chile ostenta cifras de conflictividad ambiental que se encuentran entre las más altas del mundo. De acuerdo al Atlas Global de Justicia Ambiental con 47 conflictos documentados a la fecha, nuestro país se ubica en la posición 12 del ranking mundial. Si se examina la cantidad de conflictos por número de habitantes la posición escala al quinto lugar.

En términos geográficos, se aprecia que estos conflictos tienden a centrarse en zonas alejadas del centro político-administrativo, donde la exclusión territorial intersecta con desigualdades socio-económicas, raciales o étnicas y de género.  Sumado a lo anterior, los habitantes de estos lugares enfrentan serias dificultades para organizarse y movilizarse colectivamente para lograr reconocimiento, reparación o mitigación de la contaminación.

Las ciencias sociales han sido fundamentales en revelar la estrecha relación entre las desigualdades sociales y la contaminación ambiental. Por ejemplo, han documentado y avanzado en comprender aquellos conflictos que protagonizan organizaciones y movimientos sociales, siendo muchas veces exitosos en sus demandas. No obstante, se sabe poco de los territorios afectados que suelen experimentar sus padecimientos en forma silenciosa y donde la acción colectiva está prácticamente ausente.

En América Latina, el concepto de sufrimiento ambiental de Auyero y Swistun expuesto en su libro Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental–  constituye una clave para dar cuenta de conflictos caracterizados por esta ausencia de acción colectiva. Este concepto busca comprender la manera en que los afectados viven e interpretan los padecimientos causados por la contaminación, enfatizando cómo estas interpretaciones son construidas socialmente. A su vez, esta construcción social se vincula estrechamente con los procesos de conocimiento, desconocimiento y reconocimiento sobre la contaminación. Además de quienes provocan la contaminación y de la comunidad afectada, una serie de actores intervienen sobre lo que se sabe –y lo que no se sabe– sobre el daño ambiental.

De este modo, y como muestra la siguiente figura, para comprender las experiencias subjetivas de sufrimiento ambiental es importante conocer y comprender los discursos, prácticas e interacciones entre tres tipos de actores, a saber, “los responsables”, “los afectados” y los “intermediarios”.

Figura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actores que intervienen en la construcción de las experiencias de sufrimiento ambiental, basado en el libro de Auyero y Swistun, 2008

Entre los intermediarios destacan las autoridades políticas y los funcionarios del Estado, médicos y otros profesionales de la salud, además de científicos, abogados y periodistas, todos los cuales contribuyen a significar las experiencias de sufrimiento ambiental. Estos intermediarios pueden contribuir tanto a visibilizar como a invisibilizar la existencia de la contaminación. Así, siguiendo a Auyero y Swistun, el sufrimiento ambiental puede ser negado, ignorado o apropiado por instituciones particulares, mediante procesos donde estas ponen en juego su propia legitimación

Al respecto, algunos de los casos de sufrimiento ambiental descritos en América Latina muestran complejas interacciones entre estos actores. Como hemos documentado junto a tesistas y estudiantes en el Observatorio de Desigualdades, en algunos casos los responsables de la contaminación suelen ser empleadoras de los afectados o patrocinadores de sus organizaciones, como ocurre los casos de Lo Rojas, en Coronel (región del Maule) – estudiado por Francisco Ramírez y Alejandro Hernández – y Villa Pizarreño, en Maipú –analizado por José San Martín y Diego Balut–. Este último caso, además, muestra las fundadas sospechas de los afectados sobre el personal médico que debe acreditar las enfermedades producidas por la contaminación. Otro ejemplo ocurre cuando funcionarios de salud y del Estado, en general, reproducen prejuicios de clase y de género en sus interacciones con los afectados, responsabilizándolos de sus dolencias y sometiéndolos a una violencia simbólica permanente, como sucedió en el caso de polimetales en Arica (región de Arica y Parinacota).

A partir de lo anterior, se puede concluir que las experiencias de sufrimiento ambiental muestran que la relación entre desigualdades sociales y contaminación no solo se expresa en una distribución desigual de las cargas ambientales, sino también en las vivencias subjetivas y cotidianas de los afectados. Estas experiencias son producto de las múltiples interacciones con los actores que intervienen en los territorios, los cuales poseen recursos y saberes que tienden a reproducir la situación de exclusión y vulnerabilidad de los afectados por la contaminación.